Un pastor protestante del suroeste de Colombia recibió la orden de abandonar su hogar y su iglesia por parte del consejo indígena local, que emitió un ultimátum advirtiendo de un castigo no especificado si él y su familia permanecen en la comunidad.
El pastor Arístides Chocue, quien dirige una pequeña congregación en la aldea de Betania, en el departamento del Cauca, fue notificado de la decisión tras una reunión del consejo indígena el 2 de octubre. Según la organización británica Christian Solidarity Worldwide (CSW), se le concedió plazo hasta el 17 de octubre para abandonar el lugar. Betania forma parte de una zona montañosa históricamente afectada por conflictos sociales y armados, donde muchas comunidades se rigen por sistemas de autoridad tradicional.
Chocue vive y trabaja en Betania desde febrero de 2022. Durante este tiempo, los líderes locales le han exigido que adapte sus prácticas religiosas a las costumbres tradicionales. El pastor se ha negado, invocando su derecho a la libertad de culto reconocido por la Constitución colombiana y por tratados internacionales. Respaldado por la Iglesia Cristiana Evangélica Nasa, Chocue aseguró que continuará su labor pastoral.
“La iglesia me pide que no los abandone. Planeo seguir trabajando, confiando en Dios”, declaró a CSW. “Sin embargo, la comunidad tiene antecedentes de violencia contra creyentes, y temo que pueda ocurrir algo con mi familia”.
Una década de tensiones religiosas
La tensión entre las autoridades tradicionales y las comunidades protestantes en Betania se ha intensificado durante más de una década. Los cristianos locales han denunciado amenazas, hostigamiento y cierres forzosos de templos. En 2012 y 2021, edificios usados por iglesias evangélicas fueron atacados violentamente por autoridades indígenas, según CSW.
Una resolución aprobada el 2 de noviembre de 2021 prohibió todo diálogo con las iglesias cristianas y ordenó el cierre de sus espacios de culto. Esta directiva —aún vigente— contraviene las garantías constitucionales de libertad religiosa y los compromisos internacionales asumidos por Colombia, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Niños discriminados por su fe
Las consecuencias alcanzan también a los niños de familias protestantes. Algunos han sido castigados en la escuela por negarse a participar en ceremonias tradicionales, mientras que otros habrían sufrido restricciones en el acceso a servicios básicos de salud y educación debido a las creencias de sus padres.
Un líder protestante local declaró a CSW:
“Nos dicen que debemos aceptar su ideología o irnos. Pero solo queremos vivir en paz, educar a nuestros hijos y practicar nuestra fe sin miedo”.
Falta de respuesta institucional
Los protestantes locales aseguran haber solicitado la intervención de la Fiscalía General de la Nación, advirtiendo sobre el riesgo de desplazamiento forzado. Sin embargo, las autoridades habrían remitido el caso al sistema indígena de justicia, argumentando que el asunto está bajo su jurisdicción.
A pesar de ello, los líderes cristianos insisten en su disposición al diálogo si se garantizan condiciones mínimas: una disculpa pública del consejo, protección para los niños que rechazan participar en rituales tradicionales y el fin de lo que califican como discriminación religiosa.
“Queremos paz, pero con justicia y respeto por nuestra fe”, expresó un portavoz.
Llamado internacional y contexto nacional
La directora de incidencia política de CSW, Anna Lee Stangl, recordó que el gobierno colombiano tiene el deber de proteger la libertad religiosa de todos los ciudadanos, incluidos aquellos que viven bajo jurisdicciones indígenas. Pidió al Estado acciones inmediatas para reabrir el diálogo entre el consejo de Betania y los representantes protestantes.
La situación de Chocue se produce mientras las iglesias evangélicas del país aún lamentan otra tragedia reciente. En julio de este año, las autoridades hallaron una fosa común en el municipio de Calamar, departamento de Guaviare, que contenía los restos de ocho pastores desaparecidos desde hacía meses.
Las víctimas, originarias de Arauca, habían viajado a la región para realizar labores humanitarias y espirituales. Investigadores atribuyen su asesinato a una facción disidente de las FARC, el Frente Armando Ríos, bajo el mando de Iván Mordisco. De acuerdo con la Fiscalía, no existen indicios que vinculen a los pastores con grupos armados, y los crímenes habrían respondido a un conflicto interno entre facciones rebeldes.
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