Evangélicos en México denuncian presión para participar en rituales católicos o pagar multas impagables

Un grupo de cristianos evangélicos del estado de Hidalgo, en México, llevó su caso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tras denunciar actos de intolerancia religiosa, cobros abusivos y amenazas relacionadas con su negativa a participar en celebraciones católicas contrarias a su fe.

Los afectados pertenecen a la comunidad de Cantinela, en Ixmiquilpan, y forman parte de la Iglesia del Sinaí. Según su denuncia, autoridades locales los estarían obligando a asumir funciones dentro de festividades de la Iglesia Católica bajo el argumento de “usos y costumbres”, una práctica que, afirman, vulnera su derecho constitucional a la libertad religiosa.

Obligados a participar… o pagar

De acuerdo con el grupo evangélico “Príncipe de Paz”, las autoridades comunitarias exigen a los creyentes que actúen como organizadores de festividades religiosas católicas o, en caso de negarse, paguen multas que pueden llegar a los 114 mil pesos mexicanos, una suma inalcanzable para muchas familias de la zona rural del Valle del Mezquital.

Los denunciantes sostienen que el conflicto no es solo económico, sino también espiritual. Para ellos, participar en rituales que implican veneración de imágenes contradice directamente sus convicciones bíblicas y su llamado a rendir culto únicamente a Dios.

Uno de los líderes de la comunidad, Gabriel Chavarría Salvador, explicó que la presión incluye además consecuencias prácticas y directas sobre la vida diaria.

Según relató, cuando las familias evangélicas no aceptan las exigencias o no pagan las cantidades impuestas, pueden sufrir represalias como la suspensión del servicio de agua potable.

Una presión constante contra su fe

Integrantes de la congregación aseguran que la presión no se limita a grandes festividades, sino que también alcanza actividades religiosas específicas como rezos, rosarios y actos de veneración que forman parte de la tradición católica local.

Areli Mundo, miembro de la iglesia, explicó que se les exige involucrarse en prácticas que no comparten y que, si se niegan, deben enfrentar sanciones económicas.

Para los evangélicos de la comunidad, el problema de fondo es que se intenta imponer una identidad religiosa única en una región donde la vida comunitaria está profundamente ligada al catolicismo tradicional, sin dejar espacio real para quienes profesan otra fe.

La ley dice una cosa, la realidad otra

Aunque la Constitución mexicana reconoce la libertad religiosa y protege el derecho de toda persona a practicar la fe de su elección, los afectados afirman que la aplicación de ese derecho en su región es muy débil.

Según su testimonio, al acudir ante autoridades estatales en busca de ayuda, no recibieron respaldo efectivo. Incluso aseguran que funcionarios les dijeron que no podían oponerse a las costumbres locales y que, si no estaban dispuestos a aceptarlas, debían mudarse a otro lugar.

Esta respuesta fue interpretada por la comunidad como una señal alarmante de desprotección institucional, dejando a las minorías religiosas expuestas a decisiones locales que pasan por encima de derechos fundamentales.

Un conflicto con antecedentes graves

La denuncia presentada ante la CNDH, y remitida también a la Secretaría de Gobernación, busca frenar una situación que no es nueva en esa región.

Los creyentes recuerdan que en años anteriores ya se produjeron conflictos similares en Hidalgo, algunos de ellos con consecuencias graves, incluyendo desplazamientos forzados, amenazas y episodios de violencia colectiva.

Por eso, el caso de Cantinela no es visto como un hecho aislado, sino como parte de un problema más amplio en ciertas comunidades donde las tradiciones locales terminan imponiéndose por encima de la libertad de conciencia.

Firmeza sin violencia

A pesar de la presión, los evangélicos afectados aseguran que no buscan confrontación. Han reiterado su disposición a colaborar con el bienestar comunitario, participar en tareas comunes y convivir en paz con sus vecinos.

Sin embargo, subrayan que no pueden aceptar exigencias que los obliguen a comprometer su fe en Jesucristo.

Con esta denuncia, esperan no solo obtener justicia para su comunidad, sino también sentar un precedente que proteja a otros creyentes que enfrentan situaciones similares en distintas regiones de México.