Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos falló a favor de un ministerio cristiano que busca preservar su derecho a contratar únicamente a personas que compartan sus creencias religiosas, ordenando al estado de Washington que no aplique su ley antidiscriminación contra la organización en este contexto.
Un panel unánime de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó el martes que Yakima Union Gospel Mission tiene derecho, bajo la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU., a contratar empleados que adhieran a su fe y a sus principios doctrinales.
La organización había demandado al fiscal general del estado de Washington y a la Comisión de Derechos Humanos estatal, argumentando que la Ley contra la Discriminación de Washington vulneraba su libertad religiosa al impedirle exigir que sus empleados compartieran sus creencias cristianas.
La ley estatal prohíbe la discriminación laboral por distintos motivos, incluida la orientación sexual y la identidad de género. Union Gospel expresó que esa normativa la exponía a litigios por mantener como requisito que sus empleados acepten y vivan conforme a sus creencias, incluyendo el compromiso de “abstenerse de toda conducta sexual fuera del matrimonio bíblico entre un hombre y una mujer”.
El fallo impide que el estado aplique la ley contra Union Gospel en lo que respecta específicamente a sus decisiones de contratación basadas en creencias religiosas. El resto de las disposiciones de la ley siguen siendo aplicables a la organización.
La organización legal conservadora Alliance Defending Freedom (ADF), que representó al ministerio en el litigio, celebró la decisión.
“Las organizaciones religiosas no deberían ser castigadas por ejercer la libertad, protegida por la Constitución, de contratar empleados que compartan sus creencias religiosas y las vivan”, declaró Jeremiah Galus, asesor principal de ADF.
Galus añadió que Yakima Union Gospel Mission “existe para proclamar el evangelio de Jesucristo a través de su albergue para personas sin hogar, programas de recuperación de adicciones, iniciativas de alcance comunitario, servicios de alimentación y clínicas de salud”, y sostuvo que el Noveno Circuito “falló correctamente al reconocer que la Primera Enmienda protege la libertad de la misión para contratar a personas que compartan esa vocación”.
El fallo llega tras varios años de litigio iniciados en 2023. Aunque un tribunal de distrito había desestimado inicialmente la demanda, posteriormente concedió a Union Gospel una orden judicial preliminar que bloqueaba la aplicación de la ley estatal contra la organización. El estado apeló esa decisión, pero el Noveno Circuito rechazó la apelación y confirmó el fallo inferior.
Union Gospel había iniciado el proceso legal por su preocupación ante una interpretación previa de la Corte Suprema de Washington que limitaba la exención religiosa únicamente a los “ministros”, obligando así a las organizaciones religiosas a cumplir con la ley antidiscriminación al contratar personal no ministerial. Al momento de iniciar la demanda, el ministerio buscaba cubrir más de 50 puestos no ministeriales.
El Noveno Circuito fundamentó su decisión en la llamada “doctrina de autonomía de la iglesia”, citando décadas de jurisprudencia que reconocen el derecho de las organizaciones religiosas a gobernarse internamente sin interferencia estatal en asuntos doctrinales y de fe.
“El precedente establece que las Enmiendas Primera y Decimocuarta permiten a las organizaciones religiosas jerárquicas establecer sus propias normas de disciplina interna y gobierno”, afirmó el tribunal, y que “la Constitución exige que los tribunales civiles respeten esas decisiones como vinculantes”.
La opinión concluye que, si la contratación de correligionarios para puestos no ministeriales se basa en creencias religiosas sinceras, “la doctrina de autonomía de la iglesia prohíbe la interferencia del gobierno en esa decisión de contratación”.
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