Un nuevo caso de intolerancia religiosa sacudió al sur de México luego de que un pastor protestante fuera detenido durante varios días y posteriormente expulsado de su comunidad por negarse a participar en rituales de la iglesia católica, en el estado de Oaxaca.
El hecho ocurrió el 15 de enero en la localidad de Santiago Malacatepec, municipio de San Juan Mazatlán, al este del estado, donde autoridades comunitarias exigieron al pastor Mariano Velásquez Martínez encender velas, arrodillarse y orar ante una imagen de Santiago Apóstol como parte de las festividades católicas del pueblo, según informó la organización internacional de derechos humanos Christian Solidarity Worldwide (CSW).
Velásquez Martínez había aceptado previamente un cargo de liderazgo comunitario bajo el acuerdo de que su participación se limitaría a colaborar con velas y flores para la celebración. Sin embargo, al negarse a realizar actos de veneración religiosa, un líder del festival presentó una queja ante las autoridades locales.
Detención, expulsión y desplazamiento forzado
De acuerdo con CSW, las autoridades del pueblo ignoraron los términos del acuerdo inicial y detuvieron al pastor durante cinco días. Posteriormente, fue atado con una cuerda y llevado ante una asamblea de aproximadamente 180 hombres, donde se anunció oficialmente su expulsión de la comunidad.
Las autoridades lo obligaron a firmar un documento que formalizó su desplazamiento forzado, sin entregarle una copia del mismo. La organización advirtió que el pastor teme que dicho documento sea utilizado para presentar falsamente su salida como una decisión voluntaria.
Actualmente, el pastor, su esposa y su bebé de tres meses se encuentran refugiados temporalmente con familiares en la ciudad de Oaxaca.
Velásquez Martínez lideraba la iglesia Camino Nuevo y Vivo, integrada por unos 25 miembros, desde el desplazamiento forzado de su anterior pastor en 2023, lo que evidencia un patrón repetido de persecución dentro de la misma comunidad.
Un conflicto entre tradición, ley y derechos humanos
El caso ocurre pocos meses después de que el Congreso del Estado de Oaxaca aprobara, en septiembre, una ley contra el desplazamiento forzado, que contempla penas de 10 a 18 años de prisión y sanciones económicas para los responsables. Oaxaca se convirtió así en el quinto estado del país en adoptar este tipo de legislación, junto con Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas.
Sin embargo, funcionarios locales indicaron a CSW que hasta la mitad de los casos de desplazamiento forzado en Oaxaca estarían vinculados a intolerancia religiosa.
El abogado Porfirio Flores Zúñiga, representante de la Confraternidad de Pastores, solicitó formalmente a la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca y a la Secretaría de Gobierno estatal que se aplique la nueva ley en este caso. Además, presentó denuncias penales contra funcionarios locales por abuso de autoridad y arbitrariedad, así como una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Hasta el 19 de enero, no se habían registrado acciones concretas por parte de las autoridades, lo que, según Flores Zúñiga, evidencia una respuesta institucional insuficiente frente a la intolerancia religiosa.
Libertad religiosa en tensión con los “Usos y Costumbres”
La directora de incidencia de CSW, Anna Lee Stangl, calificó la detención y el desplazamiento forzado del pastor y su familia como “inadmisibles”, y advirtió que el caso expone fallas estructurales del Estado mexicano en la protección de los derechos fundamentales.
Stangl señaló que, aunque la Constitución mexicana reconoce el sistema de “Usos y Costumbres” para preservar la identidad cultural y los sistemas de gobierno indígena, estas prácticas a menudo entran en conflicto con los derechos humanos garantizados por la propia Constitución y los tratados internacionales suscritos por México.
“La libertad de religión y creencias está garantizada por la ley, pero en la práctica es vulnerada sistemáticamente en muchas comunidades indígenas, sin una respuesta efectiva del Estado”, afirmó CSW.
La organización alertó que en numerosas comunidades, las mayorías religiosas imponen una uniformidad religiosa forzada, afectando gravemente a las minorías que desean practicar una fe distinta.
Oaxaca, según CSW, registra una de las mayores tasas de violaciones a la libertad religiosa del país.
Un problema que trasciende lo local
México ocupa el puesto 30 en la Lista Mundial de Persecución 2026 (WWL) de Puertas Abiertas, que clasifica a los 50 países donde es más difícil ser cristiano. El informe señala que líderes religiosos y comunidades cristianas enfrentan riesgos tanto por la violencia criminal como por la presión social y comunitaria, especialmente en regiones indígenas, donde quienes abandonan religiones tradicionales suelen ser vistos como traidores a sus raíces culturales.
CSW instó al gobierno de Oaxaca a actuar con rapidez para que los responsables del desplazamiento forzado enfrenten consecuencias legales y para garantizar que la libertad religiosa sea respetada en todos los niveles del Estado.
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