la movilidad como derecho territorial


Por Enrique Larre Peralta
Arquitecto
Máster en Certificación de Diseño Sostenible y Arquitectura Bioclimática

En el artículo anterior abordamos el Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) 2024 desde una mirada general. Hoy es momento de profundizar en una de sus dimensiones más reveladoras: la conectividad y movilidad. Aunque suele asociarse únicamente al transporte, esta dimensión apunta a algo mucho más profundo: el acceso real de las personas a la ciudad. ¿Cuánto tiempo nos toma llegar al trabajo, a un centro de salud, a una escuela o a un espacio público donde simplemente podamos estar tranquilos (si es que existe)?

Los datos son preocupantes. El 63 % de las comunas evaluadas en el ICVU se encuentran en los niveles “medio bajo” o “bajo” en conectividad y movilidad. Y las más afectadas no son las grandes capitales, sino las ciudades intermedias: esas que concentran población, servicios y actividades clave, pero que muchas veces quedan fuera de la visión de la inversión y planificación. En estas comunas, el transporte público suele ser escaso o ineficiente. Los tiempos de traslado son excesivos y agobiantes. Alternativas, como ciclovías o conexiones intermodales, simplemente no existen. Y esto tiene consecuencias directas en la CALIDAD DE VIDA.

Cada hora perdida en un taco o esperar bajo la lluvia es tiempo que se resta a la familia, al descanso, a la participación comunitaria o al desarrollo personal. Y peor aún: muchas veces ese tiempo también tiene un precio. El costo del transporte público y de los servicios interurbanos impacta de forma directa en los ingresos de las familias.

Pero el problema no es solo económico. Es estructural. Durante décadas, muchas comunas tuvieron un crecimiento por “extensión” fuera de zonas urbanas, sin que la planificación garantizara una conectividad real adecuada. Se aprobaron loteos, se expandieron zonas residenciales hacia áreas rurales, pero no se invirtió en la infraestructura necesaria para integrar esos nuevos sectores con centros urbanos y servicios. El resultado: miles de personas desconectadas de su propia ciudad.

En regiones como la nuestra, la situación no deja de ser menos compleja. Existen comunas con accesos complejos (Paillaco-Valdivia), escasa frecuencia de transporte (sobre todo a zonas rurales) y una dependencia casi total del automóvil. Esto no solo empeora la desigualdad urbana, sino que también profundiza la brecha territorial entre quienes pueden moverse con libertad y quienes no tienen cómo hacerlo. En la práctica, esto se traduce en ciudadanos de primera y otros de segunda, determinada



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