China ha sido identificada como el mayor ejecutor del mundo en el informe anual de Amnistía Internacional sobre el uso global de la pena de muerte. Aunque las cifras exactas no se conocen debido al secretismo del gobierno, se estima que miles de personas fueron ejecutadas en el país durante 2024.
Amnistía destacó que las prácticas opacas de China, combinadas con la persecución sistemática de minorías religiosas, distinguen al país incluso de otros con altas tasas de ejecuciones registradas. La organización subrayó que el uso extensivo de la pena capital en China y la falta de transparencia impiden un verdadero escrutinio internacional.
A nivel global, Amnistía documentó al menos 1.518 ejecuciones en 2024, el número más alto en una década y un aumento del 32 % respecto al año anterior. Esta cifra no incluye a China, Corea del Norte ni Vietnam, países donde se presume un uso elevado de la pena capital, pero cuya falta de transparencia impide una contabilización precisa.
En el caso de China, la pena de muerte se aplica incluso por delitos relacionados con drogas. El informe también denuncia la persecución y ejecución de minorías religiosas, como cristianos, musulmanes uigures y practicantes de Falun Gong, en algunos casos con el objetivo de extraer y vender órganos, lo cual ha generado fuertes críticas en el ámbito internacional.
Además, el informe recuerda que millones de musulmanes uigures continúan detenidos en campos de concentración, en lo que muchos consideran una política de represión sistemática.
Amnistía indicó que más del 40 % de las ejecuciones registradas en 2024 estuvieron relacionadas con delitos de drogas. China figura entre los países que aún aplican la pena capital en estos casos, junto con Irán, Arabia Saudita, Singapur y Vietnam, pese a que estas ejecuciones contravienen el derecho internacional.
La organización también advirtió que este tipo de penas afectan de manera desproporcionada a personas en situación de vulnerabilidad y no han demostrado eficacia en la reducción del narcotráfico.
Pese a la negativa de China a divulgar sus cifras, Amnistía concluye que su uso de la pena capital es “extensivo y secreto”, lo que obstaculiza la rendición de cuentas y distorsiona el panorama global sobre la aplicación de la pena de muerte.
Fuera de China, Irán, Arabia Saudita e Irak concentraron más del 90 % de las ejecuciones documentadas. Irán ejecutó al menos a 972 personas —casi dos tercios del total mundial conocido—, mientras que Arabia Saudita realizó al menos 345 ejecuciones, más del doble que el año anterior. Irak cuadruplicó su cifra, con al menos 63 ejecuciones.
En Irán, Amnistía denunció la represión de la disidencia religiosa bajo cargos de seguridad nacional. Los conversos al cristianismo, por ejemplo, son etiquetados como amenazas y perseguidos. El régimen también ejecutó a personas vinculadas a las protestas “Mujer, Vida, Libertad”, incluyendo a un joven de 23 años con una discapacidad mental, tras juicios considerados injustos y basados en confesiones forzadas.
Arabia Saudita, por su parte, utilizó la pena de muerte para reprimir la disidencia política, incluyendo a miembros de la minoría musulmana chiita involucrados en las protestas de 2011 a 2013. El caso de Abdulmajeed al-Nimr, ejecutado en agosto de 2024, fue citado como ejemplo. Aunque inicialmente fue acusado por participar en protestas, las autoridades reformularon los cargos como delitos de terrorismo.
La blasfemia y la apostasía siguen siendo delitos capitales en Arabia Saudita, donde se prohíbe la adoración pública de religiones no islámicas. Pese a declaraciones oficiales sobre reformas, el reino rompió todos sus récords anteriores de ejecuciones en 2024.
A pesar del repunte en ejecuciones, Amnistía señaló que solo 15 países llevaron a cabo ejecuciones el año pasado, el número más bajo registrado por segundo año consecutivo. En contraste, 145 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.
Estados Unidos sigue siendo la única democracia occidental que aplica la pena capital, con 25 ejecuciones en 2024, un leve aumento respecto a 2023. Cuatro estados —Carolina del Sur, Georgia, Utah e Indiana— reanudaron las ejecuciones tras pausas prolongadas. Alabama triplicó sus ejecuciones e introdujo el uso del gas nitrógeno, lo que llevó a la ONU a advertir que este método puede constituir tortura debido al riesgo de asfixia por hipoxia.
Amnistía concluyó que el aumento general en las ejecuciones está concentrado en regímenes autoritarios que utilizan la pena capital para mantener el control y suprimir la disidencia. En particular, el secretismo en países como China continúa bloqueando el escrutinio internacional, manteniendo en la sombra la verdadera dimensión del castigo capital.
Aun así, el informe destacó avances: en 2024, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU votaron a favor de una moratoria global sobre la pena de muerte, y varias campañas lograron revertir sentencias de muerte en casos emblemáticos.
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