La Contraloría Regional de Los Ríos emitió el 9 de enero de 2026 el Informe Final N° 801, de 2025, que contiene los resultados de una auditoría y examen de cuentas a las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por la Municipalidad de Lago Ranco entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
El proceso de fiscalización revisó gastos imputados al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, cuyo universo ascendió a más de $5.337 millones durante el período examinado. El objetivo, según consigna el informe, fue verificar el cumplimiento de la normativa de compras públicas, la correcta acreditación de los desembolsos, la oportunidad de los registros contables y la existencia de controles internos adecuados.
Reparo por combustible sin respaldo
Uno de los hallazgos más relevantes dice relación con el gasto en combustible. La auditoría estableció que “un total de 424 registros de carga de combustible, asociados a 10 vehículos de contratistas, por un total de $22.645.929, no se encuentran debidamente respaldados”.
A raíz de esta situación, la Contraloría determinó que procederá a formular un reparo por la suma indicada, conforme a la ley N° 10.336, que regula sus atribuciones. Asimismo, ordenó implementar medidas de control para asegurar que las cargas sean efectuadas exclusivamente por personal autorizado y respecto de vehículos municipales debidamente habilitados.
Contrataciones con proveedores inhabilitados
El informe también detectó casos de contratación de proveedores afectos a la inhabilidad contenida en el artículo 35 quáter de la ley N° 19.886, sin que se acreditaran adecuadamente las condiciones excepcionales que permiten dicha contratación.
En el estado de observaciones se consigna la “falta de actos administrativos fundados que justifique la contratación de proveedores afectados por la prohibición de contratar con el municipio, contenida en el artículo 35 quáter de la ley N° 19.886, o con fundamentos que carecen de sustento”.
Si bien el municipio informó medidas adoptadas tras el preinforme, la Contraloría indicó que estas acciones solo tendrían efectos hacia el futuro, manteniendo las observaciones respecto de los hechos ya ocurridos.
Falta de abstención y conflictos de interés
La auditoría también advirtió “falta de abstención en procesos de licitación, adjudicación y recepción de servicios”, así como ausencia de formularios de declaración de conflictos de intereses por parentesco entre proveedores y funcionarios.
Estas materias fueron calificadas con nivel de complejidad “C” y quedaron sujetas a seguimiento, ordenándose la instrucción de sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades funcionarias.
Licitaciones con deficiencias y adjudicaciones múltiples
En el examen de licitaciones públicas, la Contraloría constató que en algunos procesos se adjudicó un mismo ítem a más de un proveedor, situación que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 19.886 y el artículo 41 del decreto N° 250 de 2004, que obligan a adjudicar la propuesta más conveniente conforme a los criterios establecidos en las bases.
Además, se detectaron procesos con plazos acotados para la presentación de ofertas, lo que “pudo haber afectado la presentación de ofertas”, así como compras realizadas al margen del portal Mercado Público, pese a tratarse de servicios y adquisiciones sujetos a dicha normativa.
Compras con licitación expirada
Otro punto crítico señala que durante 2024 y 2025 se realizaron compras y pagos por $158.557.624 y $58.675.990, respectivamente, con cargo a una licitación que había expirado el 31 de diciembre de 2023, manteniéndose la observación.
Conciliaciones bancarias y diferencias contables
En el ámbito financiero-contable, la Contraloría detectó la ausencia de conciliaciones bancarias actualizadas en la cuenta corriente “Fondos Ordinarios” y una diferencia de $659.218.486 entre los saldos contables y bancarios al 31 de diciembre de 2024.
El organismo ordenó regularizar la confección de las conciliaciones, aclarar la diferencia detectada y remitir un informe de avance en un plazo no superior a 60 días hábiles, además de instruir el respectivo sumario administrativo.
Instrucción de sumarios y seguimiento
Pese a que la Municipalidad de Lago Ranco respondió al preinforme y acompañó antecedentes, la Contraloría concluyó que los descargos permitieron subsanar solo parte de las observaciones, manteniéndose varias de ellas bajo seguimiento.
En consecuencia, instruyó que el municipio deberá iniciar sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades funcionarias, remitiendo copia del decreto alcaldicio que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República, en el plazo de 15 días hábiles desde la notificación del informe.
El documento fue remitido formalmente al alcalde de la comuna para la adopción de las medidas correctivas correspondientes, consolidando una serie de observaciones que, según el organismo fiscalizador, requieren acciones administrativas y disciplinarias concretas.
Revisa la auditoria completa a continuación:
-
-
-
-
-
-
-